Mucho se habla últimamente sobre el adoctrinamiento en el entorno de la escuela. Hace unos meses llamaban a declarar a ocho docentes en Cataluña por un presunto delito de incitación al odio, en torno al conflicto acaecido el pasado 21 de octubre. Y hoy me entero de que una nueva sombra se cierne sobre los y las maestras valencianas, como si de una nueva caza de brujas se tratara: el PP habilita en su página un formulario para que cualquiera pueda denunciar por adoctrinamiento a los profesores de sus hijos.
Me parece relevante el hecho de que se haya perseguido a determinados docentes y se acuse en términos generales a toda la comunidad educativa con fines ya no políticos, sino partidistas. Y lo que más me sorprende es que el resto de la sociedad se eche las manos a la cabeza al escuchar que en los centros educativos se habla de ideas y de política, como si acabáramos de caernos de un guindo o fuéramos extraterrestres recién llegados de Alfa Centauro, y se señale con el dedo a todos los docentes, sin excepción, como culpables de un hecho que es, sin embargo, mucho más común de lo que pensamos, por suerte.
La escuela es política, las decisiones que afectan a nuestros hijos son política, y es nuestro deber como adultos, ya seamos padres, madres o docentes, educarles precisamente en la participación activa, en la toma de decisiones de lo que les afecta de forma directa e incluso indirecta. Queremos apartarles de la vida de los adultos y eso es injusto. Otra cosa sería que nos acusaran de manipulación, de abuso de poder sobre unos pobres niños que poco tienen que hacer ante unos adultos que, con seguridad, manejan una multitud de herramientas para convencerles de cualquier cosa y que, además, generalmente cuentan con la credibilidad y el apoyo incondicional de su alumnado. Por supuesto que los docentes tenemos nuestra opinión sobre el mundo que los rodea, y por supuesto que debemos mostrársela a ellos, los que se están desarrollando. El problema es cuando sólo existe un planteamiento, un punto de vista, una opinión incuestionable. Y si, además, esta opinión tiene como objeto conducirlos hacia la consecución de unos objetivos personales o partidarios, es cuando deberían saltar las alarmas. No sé si esto se ha producido en la escuela en Cataluña, en Valencia, Baleares o en cualquier otra parte del territorio español, supongo que sí, en mayor o menor medida, pues hay de todo en nuestra sociedad, por suerte. Pero lo que sí tengo claro es que los responsables políticos que secundan planteamientos liberales no necesitan adoctrinar a nadie.
Tengo al lado de casa un centro concertado que fue levantado por la constructora de un hombre que es, a su vez, el presidente de una fundación religiosa que gestiona dicho centro. Un centro cuyo suelo fue cedido por el gobierno local, bajo la insistencia (con promesas económicas a una localidad con uno de las deudas más elevadas del país) del gobierno de la región. Estoy convencido de que en el interior de estas aulas nadie adoctrina a los niños y niñas. Nadie habla de política y, muy probablemente, ni siquiera de la realidad social en la que estamos inmersos. No lo necesitan para llevar a cabo un proyecto en el que, entre otras cosas, se reza todos los días y se planteaban segregar a niños y niñas.
Pero no es necesario irnos a un colegio concertado para entender lo que quiero decir. Podemos echar un vistazo a un par de colegios públicos también de la zona que, con la excusa de la comodidad o de una extraña lucha contra las marcas de ropa, han implantado en el centro el uso del uniforme. Un uniforme pensado “para que las niñas también vayan monas”, palabras de la directora de una de estos centros. Las políticas liberales no necesitan adoctrinar porque se camuflan bajo dobles lecturas y promesas de unas libertades más que cuestionables. De hecho, este uniforme limita la posibilidad de elección de centro a familias que no pueden hacerse cargo del pago de éste, más allá de los posibles planteamientos ideológicos que están implícitos en la uniformidad.
Así mismo, uno de estos centros cuenta con la peculiaridad de llamarse igual que una famosa religiosa cristiana, motivo por el que determinados grupos cuyas preferencias religiosas no se ajustan a este canon social, prefieran elegir “voluntariamente” otros centros, aunque esta decisión les lleve a trasladar a sus hijos varias calles más lejos. Me temo que la estrategia estaba pensada de antemano por parte de la dirección, pero nadie les podrá acusar de adoctrinamiento, ni de racistas, ni de elitistas.
Parece que incluso en la escuela pública existen mecanismos de selección de las familias que formarán parte de su comunidad, es decir, que segregan.
Se mira para otro lado cuando algunos centros de carácter concertado obligan a las familias al pago de cuotas no previstas o el desarrollo de actividades extraescolares en horario lectivo.
Me llama la atención que haya gente que se sorprenda por la reivindicación de algunos docentes en el uso del habla catalana, que es una lengua estatal, y no se sorprenda cuando aquí, en nuestra región, nos han vendido las bondades del bilingüismo hasta en la sopa.
Hace poco leí la noticia de que una madre indignada se había quejado a través de las redes por una excursión que habían planteado el equipo de docentes en su centro. La noticia nos llegaba con un tufillo extraño, como si la madre fuera una de estas personas que le sacan punta a todo. Los alumnos iban a hacer una visita a las instalaciones de El Corte Inglés. Al parecer se trataba de una excursión habitual, que se había incluido en el programa para alcanzar los contenidos relacionados con el conocimiento del entorno que están presentes en el currículo. No les llevaban al mercado del barrio para conocer los recursos del entorno, no, les llevaban a unos grandes almacenes, con un claro objetivo comercial, y la indignación de esta madre, a pesar de estar completamente justificada, pasó desapercibida. Nadie les iba a adoctrinar en esta visita, sólo iban a asociar, acompañados de centenares de carteles publicitarios y como si se trataran del perro de Pavlov, la visita con una experiencia positiva, de manera que estos chicos, en el futuro, tuvieran buenas “vibraciones” hacia su marca.
No es algo poco frecuente en las aulas, incluso en el sistema público. Estamos tan acostumbrados a que las grandes empresas se cuelen en nuestras escuelas, que ya ni nos damos cuenta de ello. ¿Alguien puede responderme por qué en la mayoría de centros el alumnado sigue trabajando con Windows en lugar de Linux? ¿O por qué Google se preocupa tanto de regalar herramientas para las aulas? Muy sencillo, no buscan la venta inmediata, buscan alfabetizar tecnológicamente con sus propias herramientas a sus futuros consumidores.
Es decir, se empuja a la población hacia un sistema en el que los ricos y los pobres no se mezclen, un sistema que beneficia a las grandes empresas que, con la excusa de la gratuidad de determinados productos, captan cada día futuros consumidores.
En todo proyecto educativo hay detrás un proyecto político y en todos los centros se “adoctrina” de una u otra manera en favor del cumplimiento de dicho proyecto político. De hecho, es precisamente en la elección del centro de nuestros hijos donde adquiere una mayor relevancia nuestra opción política. Yo, en lugar de preocuparme porque en el centro de mi hijo se adoctrine, me preocuparía más porque dicho adoctrinamiento se encamine a la gestión no violenta de los conflictos, al consumo responsable, a la capacidad crítica, a la tolerancia y el respeto hacia todas las ideas y condiciones, hacia la diversidad y la inclusión…
Lo contrario sería contribuir a ese pensamiento único, el que está implícito en el ADN de las políticas liberales, el que se limita a sumir la propaganda de que la única libertad nos la proporcionan las grandes empresas y el consumo… y que nos condenaría, entonces sí, a aceptar una única opinión, una única idea política que satisfaga sus necesidades y no las de todos. Por tanto, la última barrera con la que se encuentran estos gobernantes es con la de algunos docentes que seguimos informando a nuestros alumnos de su derecho a huelga, a manifestarse, a formar parte activa de decisiones que les competen. Y de ahí que quieran meternos en la cárcel.