Lo que la escuela pública no da…

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Hace tiempo que vengo pensando en lo que sucederá si, desde la escuela pública, no buscamos la manera de canalizar de forma coherente y respetuosa las demandas de las familias, sean de la condición que sean. Lo habitual es que, desde nuestra posición de conocedores de lo que es bueno y malo para el alumnado, nos dediquemos a sortear aquellas propuestas que son difíciles de poner en marcha, las que son difíciles de asumir en el contexto de la escuela, las que no son pedagógicas… y así, un largo etcétera que reduce las posibilidades de participación de las familias a una minúscula franja que dista mucho de servir como respuesta real a sus necesidades en la sociedad y el tiempo que nos ha tocado vivir.
Cuando las familias han pedido que la escuela sea capaz de ayudar a sostener la dificultad existente para compaginar el horario laboral con el cuidado de los hijos, las reacciones por parte del profesorado han sido múltiples: desde la aceptación de una problemática de difícil solución hasta la falta de comprensión de este tipo de demandas, que se sostienen en una serie de argumentos sobradamente oídos y leídos: “la escuela no es un aparcaniños”, “las familias deberían luchar por su propia conciliación laboral y no buscar en la escuela las soluciones”, entre otras.

En una población que desde que inició la crisis económica en el año 2008 ha vivido sus peores momentos en materia de paro y precariedad laboral, llegando a una tasa del 26 % en el año 2013, y que se ceba especialmente en la población menos formada y con menos recursos económicos, es lógico pensar que el principal problema al que se enfrentan las familias no es en estos momentos el de la lucha por la conciliación familiar, sino precisamente en encontrar o mantener su puesto de trabajo (ocho millones de despidos entre 2006 y 2015, según un informe de CCOO).
Sin embargo, lejos de escuchar esta demanda, desde la escuela pública se optó por la reducción de la jornada como moderno sistema de regulación de horarios, que facilitaba, según sus defensores, la mejora de la convivencia familiar, el aumento de tiempos para el estudio de los niñ@s, una menor carga de estrés para ellos y las familias… (actualmente es difícil encontrar datos de qué centros han mantenido la jornada partida en la Comunidad de Madrid, pero se estimaba que para el curso 2016-2017 ya se hubieran pasado todos a continua. Curiosamente quienes no han optado por esta opción son los centros concertados y privados). Como consecuencia de esta supuesta modernización de la escuela se vieron damnificadas las ayudas de comedor, la comunicación entre familias y docentes y los descansos en la jornada de los propios alumnos que sostienen la carga de cuatro y media horas lectivas diarias en una jornada de cinco horas.
Son muchas cuestiones las que actualmente demandan las familias. Es para mí cada vez más frecuente el escuchar quejas por parte de amigos y personas cercanas que ven a los docentes de centros públicos poco menos como enemigos a los que combatir. Y lo mismo sucede al contrario, es habitual escuchar críticas a las familias en desayunos o reuniones. Y lo cierto es que es más habitual que se trate de expulsar a las familias, a las que se les suele ver más como a intrusos y jueces implacables, que como aliados que apoyen la práctica docente.
Siempre suele ser el mismo resultado por parte de la generalidad de la escuela pública. Si las familias piden menos deberes, en lugar de realizar un análisis sosegado, se desvía el debate hacia la falta de autoridad del profesorado en la actualidad, dejando claro que cualquier posición que cuestione las decisiones de los docentes está encaminada a la desobediencia y, por lo tanto, merma el respeto hacia estos, independientemente de que la petición se realice en los términos más respetuosos posibles y ajustados a los canales existentes.
Cuando se alude a las dificultades económicas que atraviesan las familias y que, por tanto, dificultan la provisión de un fondo de 200 o 300 euros anuales en compra de libros de texto y material escolar, no faltan docentes que cuestionan esta supuesta problemática económica y aluden una posible falta de responsabilidad por parte de los padres en la gestión económica de la familia. Y cuando esta crítica a los libros de texto se realiza desde una necesidad de dotar de significatividad a los contenidos, de mejorar la calidad de la enseñanza, de buscar nuevas fórmulas que fomenten la motivación en el alumnado… no faltan docentes que defienden este modelo justificando su posición de conocedores de la realidad.
O si las familias piden formar parte de las decisiones de la escuela donde están sus hijos, se les devuelve a la puerta alegando que no tienen derecho a decidir lo que es mejor para sus hijos, porque para eso están los que saben, es decir, los docentes. Y es la propia administración la que favorece que las cuestiones importantes sean las que puedan decidir el equipo de docentes en el Consejo Escolar, reduciendo la capacidad de decidir de las familias en los centros.
Conozco a muchos docentes que se quejan de la escasa participación de las familias. “Les citas a una reunión, y siempre vienen cuatro…”. Claro, como si se cuidara el horario en el que pueden asistir las familias. Hace poco organizamos unas jornadas pedagógicas en mi ciudad, un sábado, ¿adivináis qué participación por parte de docentes de la zona hubo? Vergonzosamente baja. Por eso, creo que deberíamos ser un poco más comprensivos con las familias. La participación no es fácil, ni todo el mundo puede comprometerse a implicarse al mismo nivel. La participación se va construyendo, es parte de un proceso a largo plazo en el que todo el mundo tiene que sentirse invitado y escuchado.
Y así, una y otra vez, la escuela pública desoye las peticiones de las familias. Y no digo que haya que volverse loco en dar salida a todas las peticiones que hagan las familias, por absurdas que parezcan. No, me refiero a una escucha más profunda, la que surge de las necesidades reales de nuestra sociedad, la que son un constante rumor en los consejos escolares, en las asociaciones de padres y madres, las que emiten una y otra vez nuestros propios amigos.
Y es que siento que muchos de nosotros, los docentes, nos sentimos en constante amenaza, en constante ataque. Y esta sensación nos rearfirma en la sordera. Las familias no saben lo que es bueno para sus hijos. Ellos sólo saben exigir, pero no entienden la dificultad de este trabajo, se suele decir. La escuela no es la solución de todos los problemas de esta sociedad. Siempre se echa la culpa a los docentes.
Una y otra vez tiramos balones fuera para no afrontar lo que se nos pide. Y no digo que resolver estas cuestiones sea fácil. ¿Cómo resolver el problema del horario que sufren miles de familias sin convertirnos en un aparcaniños (aunque parece que estamos despreciando siempre el fomento del cuidado, que debería ser esencial en las escuela)? ¿Cómo mejorar la participación y la democracia en los centros sin perder el control? ¿Cómo permitimos que las familias evalúen nuestro trabajo y que a la vez nos apoyen? Preguntas todas ellas de difícil solución.
Pero, ¿quiénes están empezando a dar respuesta a estas preguntas? Las empresas privadas.
Sí, las empresas que han visto en la educación un negocio. Y si la educación pública no es capaz de escuchar y dar una salida coherente a las demandas de las familias, las empresas no van a tener ningún problema en hacerlo. De hecho, ya está sucediendo. Como he comentado antes, las escuelas concertadas y privadas no han cambiado sus horarios a jornada partida, porque ahí han encontrado un nicho de mercado. El de las familias que están dispuestas a pagar un dinero porque alguien se ocupe de sus hijos el tiempo que ellos no pueden dejar de trabajar. Unas familias que está perdiendo la escuela pública, por cierto. Y una demanda que la empresa privada no va a desoír porque, entre otras cosas, les favorece, porque perpetúa ese sistema en el que la conciliación laboral nunca tendrá salida y siempre les aportará nuevos clientes.
Sucede lo mismo con los proyectos de innovación y las metodologías activas. Es cada vez más frecuente escuchar a empresas privadas que han hecho su incursión en el mundo educativo, la necesidad de formar a los niños en otro tipo de competencias y habilidades, como son la cooperación, la toma de decisiones, la iniciativa, la creatividad, el aprender a aprender, el sentido de la iniciativa, la autoformación… No les interesa formar ciudadanos críticos y libres, pero sí quieren trabajadores que sean capaces de desenvolverse en cualquier escenario, con cualquier equipo de trabajo, que tomen decisiones creativas para solucionar problemas complejos…
Los primeros en eliminar las clases tal y como las concebimos, con un conocimiento parcelado en materias en lugar de globalizado e interconectado en conceptos y habilidades, han sido los jesuitas con sus proyectos innovadores y, por supuesto, privados. Sin embargo, esto no se termina de ver con buenos ojos desde la escuela pública, porque deslegitima en parte, o eso deben pensar los que se niegan a ello, el conocimiento de los especialistas. Una vez más, desoímos la necesidad de unas familias que demandan constantemente nuevas formas de educar.
Y lo mismo ocurre con los métodos de evaluación… y así, una y otra vez.
Una escuela pública, si queremos que goce del apoyo necesario para legitimarse una y otra vez, debería de aportar a la sociedad un modelo de educación que reconozca y satisfaga en la medida de lo posible, las necesidades de todos y todas. Un proyecto colectivo y compartido que tenga en cuenta a todos y todas, en el que todo el mundo tenga cabida, “una escuela pública de tod@s para tod@s”, como reza el lema que muchos llevamos en nuestras camisetas. Lo contrario es ir echando, también desde lo público, moneditas a la máquina de esas empresas que han visto la brecha para poder ir abriéndose hueco.

Y hay quien dirá: ¿Y qué tiene de malo que las empresas se hagan cargo de la educación de nuestros hijos, si lo hacen bien? La respuesta no puede ser más evidente: porque si todo pasa por el filtro del dinero, cuando éste falte, sabemos quién pagará las consecuencias. Y mantener un sistema público de calidad y sólido, quizás sirva como equilibrio para que esto nunca llegue a suceder.

Luego no valdrá lamentarse de lo que no hemos sido capaces de mantener…

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